Me preocupan la reacción y las declaraciones del gobierno mexicano cada vez que un estado de la Unión Americana aprueba o intenta aplicar sus propias leyes para combatir la inmigración ilegal.
Aclaro que no estoy defendiendo o justificando las acciones de estados como Arizona, Utah, Georgia o incluso Colorado, entre otros, sino que pretendo subrayar que con su obligada indignación el gobierno de mi México lindo y querido corre el riesgo de que se le acuse de tolerar, o peor aún, alentar el quebrantamiento de la ley.
Yo estoy convencido de que México está perfectamente consciente de que todas estas leyes que se han aprobado, sí, pero que por cierto enfrentan apelaciones en cortes por su posible inconstitucionalidad y no por ser consideradas racistas, lo que hacen es darle a la policía la autoridad de cuestionar el estado migratorio de una persona que antes fue detenida por cometer alguna falla o infracción. También, que con la implementación del programa federal conocido como “Comunidades Seguras”, quienes corren el riesgo de ser detectados y quizá deportados son aquellos que cometieron un crimen, un delito o una falta lo suficientemente grave como para merecer ser arrestados, llevados a una instalación policiaca o hasta encarcelados.
El gobierno mexicano sabe muy bien que la policía de Estados Unidos no tiene la libertad o el permiso de preguntar sobre el estatus migratorio de una persona simple y sencillamente porque ésta es morenita, tiene el cabello y ojos oscuros o le cuesta trabajo hablar inglés. Y que no se hagan; todos los funcionarios y diplomáticos de la secretaría mexicana de Relaciones Exteriores saben que ningún mexicano ha caído en la cárcel por su origen o por ser indocumentado.
Ahora bien, por supuesto que México tiene toda la razón del mundo al subrayar las contribuciones de inmigrantes a la economía y a la sociedad norteamericana. Claro que está en lo correcto al señalar que hay gente, luchona, trabajadora, honesta y decente.
La verdad es que el gobierno mexicano no tiene que lamentar la promulgación de la ley HB no se qué o la SB qué se yo, porque habemos tantos inmigrantes mexicanos que somos auténticos ciudadanos ejemplares, que difícilmente tendremos problemas con la policía o las fuerzas del orden.
El presidente de México, la señora secretaria, el embajador y los cónsules mexicanos deberían dejar de defender tanto a quienes solitos y por irresponsables se metieron en problemas y, peor

aún, manchan la imagen de quienes día a día hacemos todo lo posible por portarnos bien.
Email: saboreandolanoticia @yahoo.com