Es obvio que Barack Obama tenía que mostrarse sumamente enojado por el derrame de petróleo en el Golfo de México. Pero antes de burlarse de los altos ejecutivos de poderosísimas compañías petroleras, y calificar de “espectáculo ridículo” la manera en que los jefes de British Petroleum, Transocean y Halliburton se echaron la culpa uno al otro como si se tratara de tres escuincles a los que se les cachó haciendo travesuras durante el recreo, don Barack debería mirarse muy bien en el espejo.
El gobierno es tan responsable de la explosión que hundió la plataforma petrolera “Deepwater Horizon” como las tres codiciosas compañías.
La administración Obama ha ordenado una serie de investigaciones con el fin de encontrar a los responsables del accidente. Pero la prensa asociada, inició una todavía mejor investigación: la que en mi opinión demostró cómo también en este país a los funcionarios del gobierno se les puede llegar al precio.
La investigación de la AP no habla de sobornos, pero dígame entonces como porqué la agencia federal responsable de asegurar que la plataforma Deepwater Horizon operara sin riesgos antes de que explotara el mes pasado no aplicó correctamente su política de que ésta fuera inspeccionada al menos una vez al mes, como lo muestra la investigación periodística.
De hecho, la frecuencia de inspección de la agencia a la Deepwater Horizon disminuyó drásticamente en los últimos cinco años, según registros del Servicio de Administración de Minerales, oficina que maneja los recursos en la plataforma continental costera de una manera “ecológicamente sana y segura”.
Es cierto que Obama ha anunciado cambios en la manera en la que a partir de ahora el gobierno supervisará futuras operaciones de perforación petrolera y garantizó que su gobierno hará todo lo posible para asegurarse de que los responsables paguen los costos del derrame y que estos no recaigan en los contribuyentes, pero el gran daño ya está hecho.
Sinceramente, dudo que el dividir en dos la agencia supervisora, para que una entidad se encargue de estudiar las ofertas de explotación y conceder los permisos, y otra de inspeccionar las plataformas para garantizar que se cumplen las normas de seguridad y dizque evitar conflictos de interés, consuele a grupos ambientalistas, la industria turística de la región y todos los que directa o indirectamente nos veremos afectados por el derrame de millones de barriles de crudo en las aguas del Golfo de México.
Mire, yo, por lo

pronto, sigo esperando que ocurran dos cosas: primero, las multas a la BP, Transocean o Halliburton y, segundo, que Ken Salazar, quien aparentemente mantendrá su chamba como secretario del Interior, a pesar de que bajo su cargo ha estado el Servicio de Administración de Minerales, me explique por qué o para qué en concepto de “royalties” su oficina recibe en promedio unos 13,000 millones de dólares al año de las poderosísimas compañías petroleras.