El ACLU, que presume de proteger a los más indefensos, parece no estar convencido de que los inmigrantes indocumentados formen parte de ese grupo.
En momentos en los que en Washington no se habla de otra cosa que no sea la reforma sanitaria y justo cuando un senador demócrata y otro republicano se atreven a proponer algo en torno al tema migratorio, el Sindicato Estadounidense de Libertades Civiles es el primero en pararles su carrito.
Chuck Shummer, demócrata por Nueva York, y Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, los únicos en el Senado que aparentemente pueden chiflar y comer pinole al mismo tiempo, ya que además de trabajar en el asunto del cuidado médico se han ocupado en el planteamiento de una nueva ley de inmigración integral, presentaron una medida que podría tranquilizar a quienes se oponen a la legalización de quienes viven sin documentos en el país: una tarjeta de identificación laboral biométrica.
La idea es que todo trabajador, ciudadano nacido o naturalizado, o residente legal, eventualmente esté obligado a obtener su “ID”.
Lo que Shummer y Graham pretenden con esta estipulación es calmar a los Tom Tancredos, Peter Boyles y Lou Dobbs de este mundo, o sea a quienes se oponen a una reforma migratoria porque temen que una vez promulgada, el país experimentaría otro tsunami de inmigrantes indocumentados.
Pero, por supuesto, para el ACLU este tipo de identificación sería inaceptable. Cómo se atreven a tal desfachatez, se han de preguntar los dizque defensores de los indocumentados. Para el sindicato, lo que los senadores buscan es marcarnos como si fuéramos ganado. Es una violación a la privacidad, dice. La tarjeta se convertirá en una herramienta que permitiría al gobierno monitorear a la ciudadanía, teme. De hecho, de acuerdo a informes, el ACLU incluso señaló que las autoridades estarían tratando a ciudadanos comunes y corrientes como auténticos criminales para que puedan trabajar.
Sin embargo, como subrayó el senador Graham, Estados Unidos ya cuenta con un documento requerido para poder laborar: “se llama tarjeta de Seguro Social”. Esta nueva ID, simplemente sería imposible de falsificar, ya que, según informes, los datos biométricos probablemente se basarían en huellas digitales o en el escaneo de venas en la parte superior de la mano.
Sé que muchos quizá no comprendan como algo que prácticamente le haría imposible a un indocumentado conseguir chamba pueda acelerar la aprobación de una reforma migratoria. Digo, incluso sería un procedimiento mucho más

agresivo que el E-Verify. Pero lo he dicho antes, y lo repito una vez más: el sacrificio de algunos no será en vano. Debemos aceptar que para que haya cambios en las leyes de inmigración, primero se tiene que garantizar que en 20 ó 30 años no se estará hablando de qué hacer ya no con 12, sino con ahora 30 ó 40 millones de indocumentados.
Nos guste o no, hay que apoyar la idea de Shummer y Graham, y pedirle al ACLU que deje de poner piedras en el camino.
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