Estados Unidos tiene tantas leyes que, irónicamente, la aplicación de algunas permite que otras sean infringidas.

Y, lamentablemente, los más afectados por las incongruencias del sistema jurídico de este país son los inmigrantes indocumentados.

La policía migratoria o el ICE, por sus siglas en inglés, se dedica a perseguir a quienes infringieron la ley por entrar, permanecer y trabajar ilegalmente en el país. Pero una vez que éstos son descubiertos y detenidos, otra ley les concede el derecho a apelar su proceso de deportación, obligándolos a permanecer en el país infringiendo las mismas leyes que los llevaron a su arresto.

Pero lo peor de todo no es que al indocumentado en proceso de deportación prácticamente se le ordene quedarse ilegalmente en el país si es que desea continuar apelando su caso. Lo que pasa de lo incongruente a lo absurdo, estúpido e incluso inhumano, es que no se le permita trabajar durante el periodo de apelación.

Mientras el inmigrante indocumentado espera el fallo de un tribunal tiene estrictamente prohibido ganarse la vida de una manera digna o decente. Como bien subraya un artículo que publica EL HISPANO en esta edición, un fallo favorable podría permitirle a la persona obtener la residencia permanente. Sin embargo, en lo que espera la decisión de un juez, en ocasiones años, las autoridades han de pensar que vivirá de la caridad de su familia o seres queridos, o de organismos de beneficencia o religiosos.

Parte del problema es que hay muy pocos jueces especializados en temas migratorios. Como señala la nota, en Denver, por ejemplo, hay sólo cuatro para atender más de 2,000 casos a la vez.

Pero quizá el principal problema es que el Congreso sigue renuente a reformar las obsoletas leyes de migración. Mientras no haya un cambio drástico, estos pocos jueces, que no se dan abasto y se limitan a interpretar y a actuar en base a lo que dice su manual, continuarán programando audiencias cada tres o seis meses, con la idea, supongo, de que el hombre o la mujer que tienen enfrente no ha de necesitar comer.

Rara vez estoy de acuerdo con la gente de CIRC, la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Colorado, pero en esta ocasión su director, Julien Ross, está en lo correcto al decir que hacer esperar al indocumentado años a que se resuelva su caso es como ponerle sal a la herida; una

forma “sádica”, dice, de empujar a los extranjeros a que regresen a sus países por su propia cuenta.

El artículo dice que las autoridades migratorias no saben con exactitud cuántas personas detenidas en redadas permanecen en Estados Unidos esperando fallos de los tribunales. Lamentablemente, sí destaca que tienen muy presente que de todas las leyes de esta nación no hay ninguna que estipule que se les pueden dar permisos de trabajo a quienes fueron “pillados” trabajando ilegalmente en el país.